El derecho constitucional tiene dos funciones esenciales: organizar y establecer las funciones y competencias del poder público y definir los derechos de las personas frente a dicho poder. Ambas funciones conforman la base fundamental del Estado de Derecho.

 

El Juicio de amparo constituye, por su parte, el principal medio de defensa de los gobernados contra actos de la autoridad que vulneren sus derechos humanos y sus garantías de protección, sean éstos de naturaleza administrativa, legislativa o jurisdiccional.

 

La finalidad del juicio de amparo consiste en declarar la nulidad del acto que se reclama y la reposición del derecho que fue vulnerado. Esto significa que, cuando un amparo se concede, debe restituirse el goce de los derechos humanos violados. En otras palabras, una sentencia favorable de amparo ordenará que las cosas se dejen como estaban antes del acto violatorio de la autoridad.

 

El juicio de amparo no procede de oficio, es decir, sólo puede promoverse a instancias de la parte agraviada una vez que haya agotado, salvo excepciones, todas las instancias de impugnación ordinarias. Finalmente, las sentencias de amparo sólo se ocuparán de las personas, físicas o morales, que lo hayan solicitado, esto es, sólo surtirán efectos para ellas.